Cosar: Las leyes a favor de las personas con discapacidad son declaraciones líricas

Retinitis pigmentosa, el diagnóstico médico fue como la sentencia que condenó a la oscuridad a Jane Cosar. De eso hace varios años. Aún estaba en el colegio, sufría para ver de noche y hacía sus tareas con máquina de escribir porque apenas leía los trazos del lapicero. Hoy prefiere olvidar el instante en que dejó de ver para siempre y aprendió a convivir con la discapacidad visual. Ha estudiado derecho en la Universidad San Martín, obtuvo un doctorado en la Universidad Mayor de San Marcos y es una activa defensora de los derechos humanos en el país. Directora Ejecutiva de la Asociación Peruana de Abogados con Discapacidad Visual, investigadora del Center International for Rehabilitation e invitada frecuente a foros internacionales, la doctora Cosar es una voz al que no solo oyen sus tres hijas, sino la comunidad mundial.
-¿A nivel jurídico, las leyes del país permiten a las personas con discapacidad tener cubiertos sus derechos o existen vacíos?

-Podríamos decir que el Perú, es uno de los países que cuenta con una de las legislaciones más completas de la región, lo cual no significa que dicha normatividad se cumpla; la Constitución Política del Perú señala: “La persona incapacitada para velar por si misma a causa de una deficiencia física o mental tiene derecho al respeto de su dignidad y a un régimen legal de protección, atención, readaptación y seguridad”. Sin embargo, estas normas lastimosamente siguen siendo declaraciones líricas, ya que todos estos derechos enunciados, no se pueden hacer efectivos, por la falta de una asignación presupuestaria adecuada.

-¿Qué se cumple y qué se ignora pese a estar normado?

-Definitivamente en los últimos veinte años han habido cambios en favor de las personas con discapacidad, como la creación de la dirección de educación especial, de las OMAPEDS, la propia ley general de las personas con discapacidad, la creación del CONADIS, entre otras oficinas a mencionar. Ahora, algo que no se cumple pese a estar normado, y lo considero aberrante, es el incumplimiento de la Ley 27920, que establece sanciones por el incumplimiento de Normas Técnicas de Edificación, sobre adecuación urbanística y arquitectónica para personas con discapacidad. Allí se establecen multas a las edificaciones públicas y privadas de servicio público, que no adecuan sus instalaciones a favor de nuestro colectivo. Sin embargo, los municipios, los encargados de imponer la multa, no han hecho absolutamente nada para poner un alto a esta situación. Es de conocimiento que las nuevas edificaciones en su mayoría, no consideran las adecuaciones arquitectónicas para las personas con discapacidad. Si se harían efectivas estas sanciones con lo recaudado por este concepto se podría destinar programas a favor de nuestro colectivo, pero si el CONADIS, que es el órgano fiscalizador, no hace nada al respecto, que esperamos de los municipios. Buscamos una mirada de atención.

Buscamos una mirada de comprensión

-Socialmente, nuestro país, cómo siente que interactúa con las personas con discapacidad.

-Esta es una apreciación personal, considero que la sociedad, en su mayoría, desconoce la problemática y los obstáculos que afrontamos las personas con discapacidad, por la falta de campañas de sensibilización y de información, pero información positiva, afirmativa de nuestras potencialidades, capacidades y talentos cuando se nos brinda una adecuada rehabilitación para que entiendan que somos sujetos de derechos y no objetos de los mismos, y que ya basta de mirarnos con compasión o pena. Lo que buscamos es una mirada de comprensión y atención a nuestras necesidades. La población con discapacidad en su conjunto busca una inserción social plena con el reconocimiento y el respeto de sus derechos.
-¿Qué casos más escandalosos de incumplimiento de las leyes conoce directamente desde su experiencia como abogada?
-Más que escandalosos los consideraría discriminatorios, me refiero al incumplimiento de la Ley 28164, que establece que el Poder Ejecutivo, sus órganos desconcentrados y descentralizados, las instituciones constitucionalmente autónomas, las empresas del Estado, los gobiernos regionales y las municipalidades, están obligados a contratar personas con discapacidad que reúnan condiciones de idoneidad para el cargo, en una proporción no inferior al tres por ciento de la totalidad de su personal; sin embargo esto no se ha cumplido. La falta de empleo sigue constituyendo una violación flagrante a nuestros derechos humanos o fundamentales.

La doctora Cosar, con dos de sus tres hijas en un paseo familiar fuera de Lima.

-¿Usted es invidente, ha sentido la exclusión o discriminación en el ejercicio de sus derechos o de su profesión?
-Puedo decirle que en efecto he sentido tratos discriminatorios, que me han causado desconcierto, pero que felizmente he podido afrontar por el conocimiento que tengo de las normas existentes a favor nuestro. Es por eso que siempre que me suceden estas cosas me pregunto y que será del resto de mis hermanos con discapacidad, que no conocen los derechos que los asisten, qué vulnerables están, qué susceptibles de maltrato son. Eso me conlleva a una serie de planteamientos e interrogantes, como dónde está el CONADIS, los organismos de derechos humanos, la Defensoría, etc. A las personas con discapacidad visual se nos impide el acceso a la carrera judicial, a ser notario, considero que cuando las personas ciegas contamos con la preparación académica necesaria, que se nos impida poder aspirar a ser magistrado o notario es una violación a nuestros derechos fundamentales, constituye una discriminación, que va contra nuestra dignidad y que impide nuestra participación en la vida civil, política, etc. Es más, también se nos trata como analfabetos, en las notarias cuando tenemos que elevar una minuta a escritura pública, tenemos que presentar testigos a ruego, el mismo requisito que para los analfabetos, aún siendo personas de conocida trayectoria profesional, sin embargo, tenemos que sentir esta humillación, porque así considero esta medida.
-¿A nivel regional, cómo ubica al Perú en relación de políticas en favor de la comunidad discapacitada. Somos los últimos o los primeros de la fila?
-No, definitivamente no somos los últimos, un estudio realizado por el Center International for Rehabilitation señalo que el Perú se encontraba entre los países moderadamente inclusivos.

Jaime Tipe Sánchez
taskichiyperu@yahoo.com

Publicado 14/02/07